En las últimas dos décadas, los temas relativos a la seguridad y justicia se han colocado en la cúspide de la pirámide que representa la problemática social del Estado mexicano, de tal forma que la definición de políticas criminales con objetivos claros y medibles han adquirido una fundamental importancia. En este contexto y a consecuencia de este profundo ejercicio consultivo se pudo identificar a la función persecutoria del estado a través de la procuración de justicia en dos vertientes:

  1. La persecución penal como política reactiva al fenómeno delictual y no de prevención o de tratamiento, esto es, aceptando que el notorio incremento en los índices de violencia, actividad delictiva, complejidad criminal e impunidad no pueden ser resueltos solamente con la procuración efectiva de justicia; y,
  2. La procuración de justicia en su función dual, es decir, la actividad de investigar hechos y la determinación de intentar y sostener efectivamente la acción penal ante los Tribunales.

En torno a las políticas de persecución penal es indispensable decantar al menos aquellas que se expresan en cuerpos normativos de carácter sustantivo (Códigos Penales u otras leyes que definan delitos) y las que son de carácter procesal (Código Nacional de Procedimientos Penales) debido a que en estas últimas es donde se puede potenciar la procuración de justicia mediante la regulación y reglamentación que permitan al estado priorizar los casos por su impacto social (criterios de oportunidad, procedimiento abreviado, métodos alternos para la solución al conflicto penal). Finalmente, un punto imperativo a considerar es la profesionalización de quienes intervienen operativamente en la investigación y la preparación de los litigantes, es una tarea primordial para mejorar la procuración de justicia.

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