UACJ Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

30-mayo (16 a 20 hrs) | Ciudad Juárez

PONENTES


Wendy Paola Chávez Villanueva


Titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género (Fem)


Marco Tulio Cano Corral


Magistrado de la Primera Sala de lo Penal con Sede en Ciudad Juárez


Silvano Joel Cantú Martínez


Consultor Independiente en Derechos Humanos


Verónica Cruz Sánchez


Directora del Centro Las Libres de información en Salud Sexual, Región Centro, A.C.


Gustavo Martínez Montoya


Abogado Postulante y especialista en casos de violaciones a Derechos Humanos


Alfredo Limas Hernández


Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez


Salvador Cruz Sierra


Investigador del Colegio de la Frontera Norte


Jesús Abraham Martínez Montoya


Académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

  • Wendy Chávez en su calidad de funcionaria pública relató avatares de la atención a mujeres víctimas de violencia. Señaló que, ha habido una transición dificultosa del viejo al nuevo modelo de procuración de justicia. No obstante, desde su experiencia, recalcó la buena práctica de hacer investigaciones con la coadyuva de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Los modelos de atención para las víctimas deben, propuso, recolectar las experiencias de OSC en ese tipo de actividad.
  • La víctima ha sido el olvidado durante el proceso penal. El Magistrado de la Primera Sala de lo Penal, Marco Tulio Cano, celebró la modificación al artículo primero de la carta magna, no obstante se preguntó sobre ¿Cuál es límite de los amparos de la víctima? Puntualizó que el sistema acusatorio ha tenido muchos tropiezos. Por ejemplo, que los tribunales federales, atendían los caos de narcomenudeo ahora estos delitos pasaron al fuero común. En ese sentido señaló que los tribunales han transitado el 40% de su trabajo a los MP, pero no el presupuesto correspondiente. Los recursos son insuficientes, propuso un aumento en los recursos para poder satisfacer la nueva carga de trabajo.
  • Para el consultor independiente Silvano Cantú, los derechos de las víctimas es un tema complejo, porque es un sujeto que siempre estuvo ahí, pero no era un tema procesal. Este ente en el sistema acusatorio tiene recursos independientes que los debe hacer valer, no obstante, sin recursos es difícil la tarea, más cuando se habla de derechos de las víctimas y del proceso penal. Reafirmó que los derechos de las víctimas son Derechos Humanos, los cuales son más amplios que el proceso penal: “Hay un tablero amplio del derecho victimal, mayor al proceso penal”. Apuntó que el asesor jurídico y la reparación del daño son la columna vertebral de la independencia del proceso penal. Propuso que la participación de las víctimas debe ser un componente central de la independencia procesal. Se preguntó ¿qué tanto intervienen las víctimas en la investigación? Al respecto, problematizó sobre la no regulación de las investigaciones existentes, entonces propuso que se regularan para que haya una coparticipación entre víctima y MP. Sin embargo, acotó que, si no hay acompañamiento técnico del MP, se corre el riesgo de que se “contaminen”, vicien y /o alteren las pruebas, destacando que no se deben desestimar los hallazgos de las víctimas. Además, señaló la necesidad de más asesores en las audiencias, para ello hay que capacitar a más expertos, que ayuden a la víctima en su atención y que no litiguen, por ejemplo, despensas. También refirió a la necesidad de incorporar elementos diferenciantes para los perfiles víctimizantes.
  • Verónica Cruz, presidenta de la organización feminista, Las Libres, de Guanajuato, recalcó que para ellas el nuevo sistema les permite, con el apoyo de los medios, evidenciar actores, lo cual es una buena práctica. A partir de esta, narró, MP y jueces que incurren en este tipo de violaciones a derechos humanos, han tenido que dejar cargos; situación que da de nuevo confianza en la justicia. Por otro lado apuntó que los asesores jurídicos son pocos y con escasos recursos, además de ser totalmente dependientes de la autoridad. Propuso una nueva figura en la gama de los asesores, dijo que hacen faltan trabajadores sociales en los litigios, y se apunte al acompañamiento de caso por caso o en el acompañamiento integral. Otra de sus propuestas en materia de atención especializada a las víctimas fue un banco especializado en peritajes que permitan financiar a sociólogos y antropólogos para el análisis de contexto de las víctimas.
  • El abogado chihuahuense Gustavo Martínez expuso parte del caso del Arroyo del Navajo, donde 11 mujeres que fueron inmoladas. Anunció que para ese caso se enviaron especialistas que hicieron algunas observaciones que él retomó en su uso de la palabra. Señaló que un millón de pesos se ofrecen para señalar por lo menos un responsable del asesinato de estas mujeres con información, útil y eficaz es lo que se pide por la recompensa. El caso del abogado devino en la defensa de un chivo expiatorio, su cliente, que fue señalado como uno de los responsables del Arroyo del Navajo. Su propuesta se encaminó a desarrollar mecanismos que protejan a los chivos expiatorios que se convierten en víctimas.
  • El académico especialista en género Alfredo Limas refirió al caso de 10 organizaciones de la sociedad civil que han detectado déficits comunes en casos graves de violencia a derechos humanos, partiendo del caso Campo Algodonero. Preguntó sobre el tipo de participación se necesita por parte de las víctimas; sugiriendo que la participación debe ser protagónica y “absolutamente empoderada”, enfatizó. Buscar mecanismo para que sea justiciable la atención a víctimas. Dijo que los MP están rebasados de trabajo, por lo que hay que desarrollar mecanismos que les permitan priorizar en ese mar de trabajo casos con indicios de que pueden encontrar a un desaparecido.
  • Salvador Cruz del COLEF advirtió que su posicionamiento provenía desde las ciencias sociales y de su experiencia en la investigación de temas sobre jóvenes, niños y diversidad sexual. Partió del argumento: toda la sociedad tenemos derecho a la información, así señaló que la fiscalía regional no hace sus informes con data de categorías socio-económicas como división geográfica por ciudades, género, edad. En ese sentido propuso la estandarización de formatos de registro a nivel nacional, situación que permitiría la visualización general de problemáticas. Sugirió repensar la profesionalización de los equipos de trabajo más allá de recursos económicos retomando las propuestas del nuevo modelo en la que se habla de modelos integrales, equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. Agregó que, en su óptica, no hay un cuestionamiento en la construcción de las categorías por parte de las autoridades, porque se refrendan estereotipos; la discusión al respecto, planteó, es necesaria en la atención a víctimas porque se violenta a las víctimas.
  • Jesús Martínez retomó en su intervención una conferencia sobre terrorismo de unos españoles en el marco del Coloquio Estado, Sociedad y Derecho, hecho un año antes en la UACJ. Recordó que la ponencia partía del cuestionamiento ¿por qué hay terrorismo?, es decir conocer las causas del terrorismo. De tal manera, señaló En México tenemos muchas víctimas, y no se cuestionan sobre las causas, pero sí se está creando todo un andamiaje de atención a víctimas: se construyen más legislaciones, se estructuran comisiones etc., como una forma para que la víctima no se sientan victimario. Dijo “Veo muchos problemas en la reparación del daño en sus raíces jurídicas” a razón de que percibe una contradicción en lo planteado por la Suprema Corte de Justicia al respecto. Postuló que, no hay que ir a la Ley Federal del Trabajo para conocer los montos de indemnización. Así recurrió al ejemplo de la Corte Interamericana donde se señala que la victima debe recibir una justa indemnización, que para los ministros de la esta corte es un cálculo de la expectativa de vida del restituido. Cerró con la propuesta de indemnizar a las víctimas de narcoejecuciones.