Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM

27-junio (10 a 14 hrs) | CDMX

PONENTES


Miguel Sarre Iñiguez


Profesor del ITAM


César Camacho Quiroz


Diputado Federal


Adriana Campos López


Visitadora General de PGR


Juan José Olvera


Titular de la Unidad de implementación de la reforma penal en el Poder Judicial de la Federación (PJF)


Francisco Javier Galicia Campos


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM


Alejandro Magno González Antonio


Subprocurador de Oaxaca


Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz


Secretario Académico del INACIPE


Nancy Guadalupe Montes Armendariz


Experta en mecanismos de solución de controversias


María Elena Leguízamo Ferrer


Magistrada Federal


Andrés Harfuch


Investigador del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales de Buenos Aires


Alonso González Villalobos


Consultor en temas de procuración y justicia penal


Andrés Marcelo Díaz Fernández


Investigador de FUNDAR


Carlos Ríos


Consultor en Derechos Humanos y Justicia


Francisco Jiménez Reynoso


Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara

  • El experto Miguel Sarre señaló que tenemos un nuevo sistema de ejecución penal. La Ley Nacional explica en sus 26 leyes las funciones del Ministerio Público sobre las cuales habló. Indago sobre el problema de los beneficios de algunos reclusos en las cárceles. Dijo que, esto es una ofensa para las víctimas y para la sociedad en general, por ello, el MP debería demandar al centro de reclusión ante el juez de reclusión para que no haya impunidad.
  • El diputado federal César Camacho planteó que nuestro sistema requiere ajustes. Pero para saber dónde necesitamos esos ajustes hay que ponerlo en función, dijo. Sobre el nuevo sistema señaló que desde sus inicios advertimos lo complicado que sería implementar este nuevo modelo. Enfatizó que el elemento humano es central en este sistema: necesitamos educarnos y re educarnos en este nuevo sistema con el acento en los derechos de la víctima. Luego habló sobre el aumento de la prisión preventiva oficiosa, situación que no ha logrado bajar los índices de incidencia delictiva. Propuestas: Él opta por el mando único. Señaló la necesidad de establecer un sistema de dignificación a través del servicio de carrera policial. El MP no es un investigador, así que no debe hacer esas funciones, expresó. Habló sobre recuperar la instancia de coordinación nacional. Por último, planteó eliminar la figura del arraigo porque afecta más al sistema que lo que lo beneficia.
  • El Ministerio Público debe ser un actor, no un espectador del proceso penal, planteó la visitadora Adriana Campos. Retomó el Artículo 2° del Código Nacional de Procesos Penales como su eje argumentativo. La trilogía del MP, policía y perito deben asumir su nuevo rol, para ello se debe trabajar más y mejor en su capacitación, propuso.
  • Juan José Olvera, a partir de los datos duros, expuso que no podemos pensar aún en cambios estructurales, porque apenas llevamos un año operando. Estamos trabajando solamente en flagrancia, no se están viendo en los tribunales, asuntos productos de investigaciones. Sobre los casos de flagrancia, señaló que, 6 de cada 10 son por portación de armas de fuego. Tampoco se ha visto la operación con delitos complejos, porque -y reiteró- estamos solo en flagrancia. En el ámbito federal tampoco se ha visto el funcionamiento regular del principio de oportunidad. El reto de la procuración de justicia es ampliar sus mecanismo de operación e incrementar su capacidad de investigación y de litigio. Con tampoco tiempo es muy complicado hacer críticas serias.
  • Francisco Galicia, señaló que los primeros respondientes deben estar mejor preparados para poder recopilar óptimamente la información para el inicio de una investigación, ya que esta situación es el primer eslabón de nuestro sistema. Habló sobre las técnicas de entrevista de los MP donde es lamentable la actuación de estos agentes en las salas de audiencia de juicio oral. Sugirió revisar mejor los perfiles de quienes pueden ser más sensibles y empáticos en los juicios para colocar en tales labores a mlo mejores candidatos y así que no fueran una situación mecánica..
  • Alejandro González Magno, autoridad de Oaxaca, señaló que los números locales se parecen mucho a las cifras federales expresadas por el magistrado Olvera. Tenemos que ser muy pacientes respecto a la expectativa que generó la reforma de 2008. Planteó que si revisamos los números duros, sí estamos mejor que antes de la reforma. Propuesta: Dijo que no se termina de entender qué son los modelos de gestión, no confundirlo con un sistema de gestión (softwares, etc). Lo que se dbe tener claro es el proceso de ingreso, un proceso de organización y los procesos de salida. Por eso las áreas de atención temprana son tan importantes. Estas áreas las debemos de homologar: que las víctimas sepan dónde y cómo presentar una denuncia; y luego sus denuncias puedan ser correctamente canalizadas. Sobre las carpetas de investigación dijo que hay que eliminar el vocablo integrar porque se apela a las averiguaciones previas. En cambio usar agotar la investigación o terminar la investigación.
  • Jorge Arturo Gutiérrez planteó que, para transformar la eficiencia de las fiscalías, es necesario replantearse el modelo operativo. Desde el punto de vista operativo sigue muy presente las formas operativas del viejo modelo. La capacitación debe permitir que los MP realicen planteamientos claro y puntales antes los jueces. Una audiencia en promedio dura entre 45 y una hora sin litis (litigio). Ya con litis son mucho más largo y citó ejemplos. Con esta situación el MP trabaja más que complejiza otras de sus funciones. Si un juez sustancia 15 casos, lleva tres y termina agotado. REtomó la “cadena alimenticia de justicia” planteada en una mesa previa de la Consulta (Universidad Iberoamericana), es decir un pragmatismo operativo.
  • Nancy Montes. Concordó con algunos puntos previos señalados en la mesa. Expreso sí ha habido una transformación de los perfiles del MP, pero hace falta más capacitación. Los miembros del proceso judicial deben estar abiertos a la canalización, pero también de contención sobre algunos casos. Señaló que en las capacitaciones hay muchos problemas porque no hay especialización. Abonar especializaciones en las capacitaciones, fue una de sus propuestas, no solo del MP sino de todos los sujetos procesales. Si no hay trabajo colaborativo difícilmente podemos nutrir este nuevo modelo, concluyó.
  • Magistrala Ma. Elena Leguízamo en su participación atendió asuntos meramente jurídicos sugiriendo garantizar lo planteado en el Artículo 20° constitucional. Preguntó ¿Cómo despresurizar el sistema penal? Respondiendo que es necesario adoptar otras medidas que vayan más allá de las medidas cautelares o de la prisión oficiosa. Hay que diseñar un sistema integral que permita a más casos salir del sistema penal, pero se resuelva de manera efectiva. .Porque al sistema penal solo hay que canalizar los sistemas más complejos de delito.
  • En invitado internacional de la mesa, el experto argentino Andrés Harfuch preguntó ¿La prisión oficiosa es el resultado?. La respuesta es no. Advirtió que el sistema mexicano va bien, respecto a los demás países de la región y sus procesos de reformas de justicia. Crítico el artículo 19°. La única manera para llegar a la prisión preventiva oficiosa es que un fiscal lo pida, no desde el juez. Propuso a la mesa garantías y eficacia. En materia de persecución señaló que se necesitan normas coherentes y MP que puedan observar la complejidad de un fenómeno delictivo y así poder ser eficaz en su combate.
  • El experto Alonso González retomó otras intervenciones. Dijo que, para deshacer de la lista de prisión oficiosa, le falta ayuda a los fiscales en la unidad de medidas cautelares. Sin esta las fiscalías no pueden argumentar las buenas razones para utilizarlas. Si no resolvemos esto, planteó, la ineficacia permanecerá. Se necesitan unidades de medidas cautelares con buenos sueldos y servicio profesional de carrera, independencia de los cuerpos de policía y secrecía de la información recopilada por estas unidades. Sobre cómo hacer que los MP funcionen en audiencia, propuso quitar las disposiciones formales del código y hacerlo protocolos operativos. Sugirió hacer protocolos específicos de actuación para que el MP dirija la investigación de manera jurídica, más no operativa.
  • Andrés Díaz. Sobre el control judicial y violaciones a derechos humanos, retomó exprinciencias de jueces compartidas a él. Es un reto para la procuración de justicia el tema de la tortura. Sobre cómo puede funcionar un buen juicio de amparo, planteó, se tiene que mejorar los mecanismo de control. Si hay señalamiento de tortura se deben anular algunas pruebas. La justicia positiva del estado mexicano debe considerar otro tipo de justicias que ayudan a despresurizar el sistema como las justicias indígenas. Al respecto, expresó que el techo básico sobre el cual normar ya existente: son los derechos humanos. Teniendo en cuenta esto se puede juzgar mejor con apego al contexto. Es decir, medidas alternas que no son necesariamente las previstas por el sistema existente. Otras justicias pueden ser las existentes en universidades,, en centros de trabajo, donde se pueden dirimir algunos casos. Todo esto en función de la saturación del sistema y segundo un mayor apego al contexto y por último una deuda histórica del estado mexicano sobre el reconocimiento de otras formas organizativas. Las otras justicias también son ejemplos de reparación el daño que este nuevo sistema debería tomar en cuenta.
  • Carlos Ríos señaló que la prisión preventiva oficiosa “da al traste” con la buenas investigaciones. El gran talón de Aquiles de la justicia mexicana es la investigación. Hace falta información de cómo está operando el sistema, porque de donde obtenemos información tiene interés muy claros distintos al de la procuración de justicia. Y esto es necesario para la evaluación de este sistema. Necesitamos información objetiva y no partidista para poder juzgar nuestro propio sistema.
  • El académico tapatío Francisco Jiménez planteó que hay una desconfianza social a las instituciones relacionadas con el nuevo sistema. La ciudadanía en términos generales considera que hay más impunidad. En Jalisco, señaló, se están multiplicando los linchamientos, la justicia por su propia mano y las autoridades los están negando, pero son verdades publicadas mediante el periodismo. No hay una buena comunicación sobre el nuevo sistema de procuración de justicia. Propuso hacer un corte de caja con los operadores, hacer una evaluación para ver quién funciona y quién no. Hacer una cruzada informativa para que la ciudadanía entienda de qué se trata el nuevo sistema.