Centro Cultural Universitario – Tlatelolco

25-agosto (10 a 14 hrs) | CDMX

PONENTES


Carlos Mendoza Mora


Fundación para el Estudio de la Seguridad y Gobernanza


Adam Blackwell


Catedrático del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, CESNAV


Alonso Israel Lira Salas


Subprocurador Especializado en Delincuencia Organizada


Ana Linda Solano López


Consultora Internacional y Ex Fiscal Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Nación, Colombia


Lina Ornelas


Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de GOOGLE


Adrián Fernández


Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A. C.


Mayolo Medina


Presidente de la Fundación Seguridad y Gobernanza A.C

  • Carlos Mendoza explicó que en México ha habido un camino paralelo respecto a los ámbitos nacionales e internacionales. La ley de Delincuencia Organizada (DO) se publicó en 1996. Mientas, los procesos internacionales, hasta llegar a la Convención de Palermo, finalizaron hasta 2003. Sin embargo, muchos de los instrumentos han servido de marco referencial o “espacio paraguas” para ir tomando forma. Señaló que en 1997 se registraron 71 delitos de asociación delictuosa. Los primeros registros que se tienen sobre DO en México son 2001 con 217, averiguaciones previas, situación que se ha incrementado ya que el año pasado cerró con 637. Se preguntó por la estructura orgánica que se configuró para atender el problema: primero 48 funcionarios, una estructura muy pequeña, hasta 2003 cuando se conforma una subprocuraduría para crear unidades especializadas y se evidencia este aspecto orgánico. La estructura orgánica de la PGR ha crecido en estos años, no obstante, no ha habido crecimiento en la parte operativa. La eficacia institucional es otro punto con 370 sentencias condenatorias en 2012, mientras el año pasado fueron 210 sentencias condenatorias. Planteó que hay protocolos que en buena medida tienen que ver con la parte procesal y no operativa, por ejemplo, hasta el 2011 se aprueba la posibilidad de infiltración de agentes.
  • Adam Blackwell, invitado internacional, habló sobre el contexto mundial, la economía ilícita y algunas tendencias. Explicó que el régimen internacional en la INTERPOL ha llegado a 3 conclusiones: Necesidad de intercambiar información en tiempo real, romper hilos entre organizaciones e innovar en tecnología y conocimiento. Las redes criminales no solo han explotado debilidades, también usan tecnología, la interdependencia del comercio, finanzas y telecomunicaciones. De hecho, las mismas fuerzas que permiten la globalización, sentenció. Explicó que el 10% del comercio mundial proviene de piratería y falsificación, 3 trillones de dólares, como si se tratara de la economía de Panamá. Señaló que este crecimiento ha sido exponencial, ya que, cuando los grupos competen para tener acceso a los mercados internacionales es cuando incrementa la violencia. La lucha contra la droga dejó a los grupos la posibilidad de acceder a 8 mercados ilícitos, por ejemplo, es increíble que los Iphones están fabricados en China y los falsos los fabrican en la misma fábrica. Planteó que hay cinco principios para crear economía lícita: 1) Hay que crear economías lícitas más competitivas y accesibles. La mayoría de los países tienen igual proporción en mercado lícito e ilícito. 2) Hay que informar a la ciudadanía de los riesgos de comprar productos piratas o falsificados. 3) Invitar a algunos criminales y pandillas para que expliquen cómo funcionaban sus mercados. Hay que aprender de ellos, pues si lo hacen en tecnología, hay hackers éticos, por ejemplo. Hay que utilizar este tipo de tecnologías y estrategias. 4) Antes había un acuerdo comercial que trataba de identificar los problemas de economía ilícita. Tenemos que incentivar el rendimiento de cuentas. 5) Transparencia en las cuentas, en la información. Este debate entre la privacidad y el acceso a la información.
  • Israel Lira explicó que, en el interior del país, el fenómeno de DO está tipificado en un tipo penal, pero que establece ciertas características. En los hechos este fenómeno va más allá de estas conductas. La DO tiene un impacto en lo que sucede en nuestra sociedad todos los días. Todos los días vemos homicidios asociados a DO, por ello este tipo de delincuencia no debe solo entenderse como un tipo penal, sino como un fenómeno y revisar las acciones que se están desplegando en este sentido. Los recursos jamás van a ser suficientes. Planteó que el nuevo sistema de justicia nos da la posibilidad de hacer otro tipo de herramientas para poder discernir y determinar cuáles son los asuntos que sí debemos llevar a juicio. Pero, antes debemos determinar la arquitectura institucional para poder asignar más recursos con las mejores herramientas técnicas. Explicó que el fenómeno de la DO es muy grave por la cantidad de recursos con las que operan se corrompen a los policías, se corrompen a algunos políticos por lo que tenemos que tener controles de ingreso y permanencia sobre las personas que operan estas instituciones. Debemos de dotarlos de una capacitación suficiente. Ante ello propuso que un agente del MP debe tener una percepción igual a un defensor o a un juez y esto lo sabemos por la experiencia internacional, siendo cautelosos de lo que ocurre que cuando capacitan bien a un MP, éste está tentado a irse a otro lugar donde le paguen de una mejor manera. Crear áreas especializadas en los ciberdelitos, pues se usan para otros delitos como la trata y el fraude. Pensar fuera de la caja e investigar la estructura financiera.
  • La experta colombiana, Ana Linda Solano, planteó que frente al crimen organizado transnacional hay dos objetivos: desestructurar y descapitalizar. Las estrategias de desestructurar han sido exitosas, pero no suficientes, como el de voltear las cabecillas, lo cual genera nuevas estructuras y los grupos criminales siguen funcionando y organizando. Situación que ha generado vacantes, vacíos y redes de subcontratación, detalló. La estrategia de desarticular, por sí sola, no contiene estas variables de cambio. Ahí es cuando nos vemos en la necesidad de descapitalizar. Las estrategias deben de pensarse, no sólo en los grupos que los desarrollan, sino en romper esas fuerzas del mercado que lo hacen posible. Cuando hablamos de fuerza del mercado. Debemos hablar de las estrategias de decomiso y se tiene que tener un enfoque de política criminal orientadas a romper esas lógicas de política criminal. Si cambiamos el bien nos encontramos ante una misma metodología. Son las lógicas que subyacen, las de drogas, personas, objetos, artículos. Si entendemos la lógica de mercado, y lo que se mueven más allá de dinero, son bienes y servicios, nos obliga a repensar qué es la delincuencia organizada y nos lleva a pensar ¿quién es el traficante? Hay zonas que están completamente dominadas y generan participaciones diferentes en la cadena de producción. Esas lógicas nos obligan a redefinir el concepto de investigación y así poder focalizar la estrategia de investigación y ser accesoria. Para salirnos de la lógica de la información para solamente tener un propósito procesal. Con relación al modelo y al proceso penal propuso: 1) Ante la complejidad son necesarias estrategias de gestión de casos y de cargas 2) La medición, que es el incentivo del policía que investiga. Si lo miden por capturas pues es lo que va a hacer. Por ejemplo, hay que replantearse cuál es la medida del éxito 3) Hay que tener estrategias de sometimiento y negociación masivas.
  • Lina Ornelas dijo que la OEA y la Presidencia de la República ha trabajado en foros con empresarios y especialistas en acciones concretas de ciberseguridad. En el tema de ciberdelitos, México no se ha adherido al Convenio de Budapest que establece un protocolo para la atención de ciberdelitos. También se establecen facultades, procedimientos, protocolo para que las autoridades del sistema penal puedan actuar ante estas amenazas. Señaló que es indispensable una red mundial que atienda los ciberdelitos debido a la naturaleza de estos delitos. Explicó que los países miembros del Convenio de Budapest comparten bases de datos y recursos. Sin embargo, cada país tiene la facultad de crear excepciones y reservas a los delitos. El Internet tiene un modelo de gobernanza particular, por lo que sí es importante atender esta necesidad, sin embargo, los delitos son delitos y no porque se lleven a cabo en Internet pierden esta calidad. Las personas cada vez tienen más acceso a Internet y es por ello importante trabajar en la regulación. Recalcó que hay mucho que hacer en cuanto a la atención de delitos en Internet. Por ejemplo, en Inglaterra hay un botón en el navegador para que los niños lo piquen cuando se percatan de un riesgo. Por último señaló que aunque existe un Ley Federal de Datos Personales, aún falta que se cumpla con lo que ahí se establece respecto a las plataformas de Internet.
  • Adrián Fernández explicó que la creación de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) es importante en respuesta de la Reforma Energética. Planteó que se debe reformar la Ley federal de equilibrio ecológico y Ley Federal del equilibrio ambiental, ya que los temas de medio ambiente son temas de Seguridad Nacional. Propuso que las dependencias deben de coordinarse porque las actividades de ellas caminan en direcciones distintas, porque todos perdemos. Así, planteó: 1) Automatizar la información 2) Liderazgos para crear políticas sociales y de Estado para que las dependencias cumplan con sus objetivos 3) Invertir en tecnología 4) Aumentar los recursos para que las Dependencias hagan mejor su trabajo. Por último, subrayó que los delitos ambientales son irreversibles, ya que una especie o ecosistema afectado no regresa y eso también es una pérdida económica.
  • Alejandro Alegre señaló que la falsificación de moneda no puede estar adscrita a la Fiscalía de lavado de dinero, por esta razón no hay recursos. Explicó que los MP no están investigando de manera especializada los delitos, por ello es más complicado que se persigan y se sancionen. Se escriben Convenios en tecnología y base de datos, pero la única que funciona es la del Banco México. Destacó que la policía de inteligencia no tiene base de datos para perseguir delitos. Dijo que no hemos podido rebasar la secrecía como denunciantes, no nos podemos enterar de la información tenemos que buscar por otros medios. Recalcó que no hay capacidad del Estado mexicano para llevar a cabo las periciales financieras.