Universidad Autónoma de Aguascalientes UAA

15-junio (10 a 14 hrs) | Aguascalientes

PONENTES


Carlos Villegas Márquez


Coordinador Regional del Programa Pro Justicia de USAID


Francisco José Murillo Ruiseco


Procurador de Zacatecas.


Guillermo Zepeda Lecuona


Director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A.C.


Gabriela Capó Ramírez


Directora de Insyde.


José Luis Eloy Morales Brand


Director de la Facultad de Derecho


Alejandro Madrazo Lajous


Director del Programa de Política de Drogas del CIDE.


Rubén Quintino Zepeda


Investigador de INACIPE


René Urrutia de la Vega


Procurador de Aguascalientes


Roberto Andrés Ochoa Romero


Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional


Oscar Alejandro Basurto Caro


Delegado de PGR en Aguascalientes


Patricia Lucila González Rodríguez


Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas


Fabio Valdés Bensasson


COORDINADOR DE LA MESA O FORO
Experto en el nuevo sistema de justicia penal

  • El experto Carlos Villegas comenzó preguntando si hay políticas criminales en nuestro país. Aclarando que sí hay, pero no son tan claras. Continuó diciendo que el principio de legalidad es clave en el actuar de la fiscalía y el MP. Así, el fiscal deberá considerar criterios de oportunidad (Artículo 21° constitucional), el Código Nacional no nos deja saber cuáles son los lineamientos y el código nacional estipula 6 criterios. En otro tema cuestionó ¿Qué tanto se utilizan los criterios de oportunidad? Apuntando que son pocos los que lo utilizan debido a: 1) Se permite a los Estados generar lineamiento en la política criminal y estos se convierte en obstáculos para la utilización de criterios de oportunidad. Ya que los lineamientos no son objetivos. 2) La forma en que se utilizan los criterios son complicadas tienen un alto control jurisdiccional, el control judicial es una constante. Actualmente se utiliza muy poco el criterio de oportunidad, en el que permita una adecuada administración de justicia. Puntualizó que se deben generar criterios de oportunidad que permitan a la fiscalía determinar cuales son los asuntos que se deben llevar a juicio y cuáles no. No hay reglas claras y por eso no se da oportunidad al criterio de oportunidad; así como generar lineamientos para poner un alto desde la fiscalía y que sea ella quien administre. Propuso, generar lineamientos que permitan utilizar el criterio de oportunidad, sin dejar de un lado a la víctima. Crear un fideicomiso en que el Estado establezca qué casos se deben llevar a juicio, sin dejar de un lado a la víctima y reparar el daño a través de otros medios.
  • Francisco Murillo señaló que la política tiene varios componentes puntualizando algunas propuestas como que una buena política social es la mejor política criminal; la política criminal es macro y es una, hay estrategias frente al tema delictivo; los criterios de oportunidad son una estrategia dentro de la política criminal. Cuestionó si realmente hay política criminal en el país, apuntando que si la hay, ya que Osorio Chong presentó los 10 ejes de la política criminal. (prevenir delito, promover la participación, dividir al país en regiones). Habló también sobre el Artículo 21° no deja entre ver la política criminal del Estado, en el párrafo X, donde se habla de las bases del sistema del desarrollo policial, falta mucho camino por recorrer en el desarrollo de las policías. Apuntó que nos falta mucho en cuanto al sistema de desarrollo policial (evaluación, selección, ingreso, certificación) ya que las policías municipales no son profesionales, porque los municipios no invierten en la capacitación de sus agentes de seguridad.
    Propuso crear bases de datos criminalísticas, es herramienta para combatir la delincuencia. Necesitamos tener la participación de todos gobierno y comunidad. Por último planteó que los fondos para la seguridad son cada vez menores y debemos optimizar.
  • La breve participación de Guillermo Zepeda habló de los procedimientos abreviados y de cómo se han reducido. Señaló que el problema del sistema tradicional es que estamos igual. Planteó que se ha duplicado el número de personas en prisión y no por ello nos sentimos más seguros.
  • Gabriela Capó abordó el tema de los elementos que inciden en política criminal y procuración de justicia. Dijo que sí existe una política criminal, el problema está en la implementación, porque hay buenas leyes y buenos cuadro normativos. Buscar equilibrio entre lo jurídico y lo técnico y sumar las problemáticas del cambio, es decir, la resistencia al cambio y al cambio de mentalidad, porque son personas quienes implementan. No ha habido una buena comunicación con la ciudadanía para mostrar la relevancia de este cambio en el nuevo sistema. Algunas de sus propuestas fueron: La real implementación de las salidas de negociación. Una coordinación adecuada entre operadores en una etapa temprana (primer respondiente, investigadores y MP) y una comunicación adecuada. Más capacitación pero desde la lógica de un cambio cultural. Evolución en el rol de la sociedad civil, en este tiempo de la consolidación: mecanismos de supervisión externa.
  • Eloy Morales Brand planteó que en México hay políticas criminales, así en plural, pero a veces se confunde con seguridad pública. Eso genera modelos de reacción más que de prevención. Sugirió diferenciar entre creencias y percepciones sobre el sistema judicial. “Cada operador tiene sus políticas criminales”. Unificar modelos, un código penal único y nacional. Señaló que las principales políticas criminales son las políticas públicas y sociales. Cada Estado y cada operador tiene sus políticas criminales, provocando una desarmonización, descoordinación y falta de unificación. Debemos trabajar en ello. Dijo, debemos crear una política criminal mexicana, que recoja las necesidades mexicanas. Se ha dado poder a los Estados el poder para usar su política criminal, conforme a su interés público sin trabajar unificadamente. También planteó que se requiere autonomía reales de las fiscalías, defensorías y de las comisiones de víctimas.
  • Alejandro Madrazo apuntó que se está haciendo gatopardismo cambiar, para no cambiar. Se debe hacer una conversación honesta y crítica sobre la realidad. Desde su óptica la procuración de justicia en México tiene tres características: incompetente, está capturada políticamente, y una probable complicidad criminal. Dijo que las prácticas no se corresponden con las palabras. Planteó la necesidad de identificar un problema público concreto, objetivos, metas, y evaluaciones. Apuntó que no debe haber una política criminal, debe haber políticas criminales que atiendan a las distintas comunidades. La lógica nacional es absurda ante lo diverso y complejo del país. Tenemos que cambiar prácticas, no leyes, sugirió. La diversidad de problemas, debe tener diversidad de soluciones, pensar en generalidades niega por principio esa diversidad.
  • Rubén Quintino apuntó que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene cuatro consecuencias jurídicas. Si se valora el derecho penal desde sus consecuencia se puede ver el problema desde otra dimensión. Señaló que el CNPP, solamente, nos establece como hacer cálculo normativo.Recalcó que se necesita un código penal nacional, por último enfatizó que el derecho penal tiene una capacidad de predicción.
  • Qué quiere México, qué quieren las entidades federativas, si no definimos eso, no sabremos hacia dónde va nuestra política criminal, dijo René Urrutia. Planteó que esta debe ser un cuadro que enmarque a todas las instituciones del Estado y, además, debe centrarse en el tema de la prevención. En México el enfoque está en la consecuencia y no en la prevención, ese debe ser el “tubo conductor”. La estrategia debe de cambiar, concluyó.
  • Por su parte, Roberto Ochoa comenzó cuestionando: ¿Sí o no al código penal único? dijo que una ley penal nacional en México es muy complicada ya que viven y conviven 33 realidades penales distintas. La Reforma de junio de 2008 ha sido abordada de manera parcial. Esa reforma trajo consigo otros conceptos a la constitución, pero, por ejemplo, el Artículo 14° no se modificó. También señaló que el principio de legalidad y el debido proceso se nutren de otras disposiciones de la constitución como los artículos 20° y el 21°. En estos sí fueron modificados: el principio de culpabilidad y principio de proporcionalidad entre el delito y su sanción. Planteó que quizá ahora es la mejor oportunidad para el diseño de un código penal único.
  • Oscar Basurto habló sobre la portación de armas de fuego sin licencia. Dijo que, la adquisición de un arma no es delito, pero la portación sin permiso si lo es. Situación que es el primer eslabón de posibles delitos de homicidios culposos o dolosos. Existen claras diferencias entre el proceso abreviado y el juicio oral. Luego, planteó que es importante recordar que la política criminal, no solo es problema del ejecutivo, si no también del legislativo. Concluyó: la sociedad no ha entendido las bondades del sistema, que está diseñado para despresurizar las cárceles.
  • Al cierre de la mesa Patricia González explicó y enfatizó que no se nos olvide, que el sistema penal acusatorio surge en México por los problemas de feminicidio en la frontera norte. La bifurcación de la justicia penal punitiva y la prt la justicia penal preventiva. Algunos estados comenzaron antes que la reforma constitucional. El punto de partida de la política criminal es definir qué se entiende por política criminal, es una parte de la política de estado dirigida por la sociedad para preveniry gestionar los conflictos que tienen relevancia penal. Planteó que a la Ley de prevención social del delito se le han invertido muchos recursos pero no han dado resultado porque no hay una política criminal bien definida; no hay un documento institucional que contenga sus premisas y sus acciones. Cerró diciendo que con cada gobierno se improvisa, por ello se necesita redactar ya este documento.