Universidad Autónoma de Chiapas

15-agosto (10 a 14 hrs) | Tuxtla Gutiérrez

PONENTES


Marco Antonio Besares Escobar


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas


Nimrod Mihael Champo Sánchez


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas


Rogelio Barba Álvarez


Profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara


Miguel Ontiveros Alonso


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas


Carlos Nataren Nandayapa


Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas


Martha Figueroa Mier


Fundadora del Colectivo de Encuentro entre Mujeres


Martín Gabriel Barrón Cruz


Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales


Javier Humberto Domínguez Aguilar


Director Adjunto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales


Carlos Tovilla Padilla


Fiscal de Periodistas del Estado de Chiapas


Carlos Pelayo Möller


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM


Mayolo Medina


Presidente de la Fundación Seguridad y Gobernanza A.C

  • Marco Antonio Besares el abordaje de la delincuencia organizada no puede tener solo un abordaje jurídico. Señaló el impacto de las cuestiones transnacionales en el tema. Planteó que la Delincuencia Organizada es una expresión estructurada relacionada con la evolución económica. Señaló que la estructura de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) debe ser orgánica, sustantiva y procesal. En otros temas, dijo, hay una falta de técnica legislativa. Además recalcó que es importante la construcción de una visión nacional de Política Criminal.
  • Mihael Champo planteó que nuestros procesos judiciales, en su evolución, han colocado candados. Hizo un recuento histórico de la Reforma para ejemplificar los problemas de interpretación. Se refirió a la Convención de Palermo y al Artículo 5° constitucional, comparándolos, para dar cuenta de sobreinterpretaciones que se presentan en un proceso de litigación. Nos hemos extendido en la legislación mexicana, sobrepasando algunas normas internacionales.
  • Rogelio Barba refirió al concepto de delincuencia organizada en el Artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Propuso reformar ese artículo. Señaló un aumento cuantitativo y cualitativo del crimen organizado. Desde su óptica, el experto detecta dos tipos de derecho penal: el académico y el legislativo, que se diferencian como primera y última ratio la prisión, respectivamente.
  • Miguel Ontiveros dijo que la ley general de delincuencia organizada está rebasada. Dijo que está pensada para personas físicas cuando hoy son personas jurídicas y eso no está planteado en la ley, por tanto, debe desaparecer. Abogó por un código penal único, para tener un solo estándar punitivo y a partir de ello, una política de persecución. Pidió autonomía de los MP ante el fiscal y quitar las certificaciones, ya que entorpecen el sistema profesional de carrera. No hay capacitación respecto a protocolos. Y finalmente propuso un programa de cumplimiento estatal.
  • Carlos Natarén dijo, que si el modelo mexicano se atreve crear una ley en materia de delincuencia sería un espejismo, porque en México se cree que podemos transformar la realidad a base de golpes legislativos. Cuál es el elemento esencial que marca la autonomía de una institución: el tema presupuestal. Esta consulta, planteo,debe establecer las vías para garantizar un proyecto de vida de los operadores del sistema. El otro elemento básico es el compartir y compilar información, todo es discrecional, una situación que debe cambiar.
  • Martha Figueroa expresó que “El derecho es tan neutral como los hombres que lo hacen y quienes los aplican”. Habló sobre el tema de machismo, racismo, y clasismo en la procuración de justicia. Destacó que el tema de género es una pendiente en el sistema. Señaló las problemáticas de cómo los delitos patrimoniales tienen penas más altas que delitos como el rapto o de aquellos que son cometidos contra las mujeres. Propuso, transversalidad de género, superar la distinción de clases y de grupos indígenas.
  • Martín Barrón señaló que no existe una política criminal definida, porque en casi 100 años no hemos cambiado nada, más allá de leyes. Dijo, hay problemas de conceptualización ya que los protocolos no son protocolos, sino lineamientos, por ejemplo, el Informe Policial Homologado. También planteó que hemos tratado de generar modelos de Seguridad Pública durante 20 años y nuestra visión termina siempre en la revisión de la Policía.
  • Javier Domínguez abordó el tema de la falta de autonomía en las instituciones, porque el combate a la Delincuencia Organizada demanda autonomía de la nueva Fiscalía. También señaló la necesidad de mejorar el sistema profesional de carrera con capacitaciones e incentivos económicos, ya que la interior de la PGR no hay incentivos para mejora en el cargo, ni la capacitación para ello.
  • Carlos Tovillo señaló que lo que hoy vivimos con la LFDO es un híbrido entre el sistema inquisitivo y el penal acusatorio. Esta situación, dijo, genera confusión procesal en el tratamiento del testigo colaborador frente a la aplicación de un criterio de oportunidad. Subrayó que no se definió, tempranamente, qué era un protocolo y ahora se hacen protocolos para todo. No obstante, destacó que en materia de delincuencia organizada es muy importante emplear protocolos.
  • Carlos Pelayo planteó que la LFDO se concibe como la legalización de un régimen de excepciones. Recalcó que las propuestas de reforma han sido las mismas desde 1996. Habló sobre las complicaciones del empleo de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública. Explicó que hay falta de control judicial en los actos de investigación bajo el pretexto de la persecución de la Delincuencia Organizada, ya que se violan derechos humanos en esas investigaciones. Por último expuso que el esquema de militarización de seguridad interior va a llevar a la creación de conflictos armados internos.