Centro de Investigación y Docencia Económicas

05-junio (10 a 14 hrs) | CDMX

PONENTES


Javier Villalba Solís


Asesor de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad


Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega


Titular de la Unidad de Servicios al Sistema de Justicia Penal


Mariano Armando Pérez Espino


Consultor de Projusticia


Dr. Juan Mayolo Medina Linares


Presidente de la Fundación Seguridad y Gobernanza A.C.


Yuridia Torres Páez


Directora General Adjunta en la Agencia de Investigación Criminal


Mtro. Bernardo María de León Olea


Comisionado de Seguridad de Morelia, Michoacán


Juan Salgado Ibarra


Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.


Ivette Estrada Gazga


Consultora en temas de Seguridad


Mtro. Emilio Daniel Cunjama López


Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales


José Miguel Edgar Cortés Morales


Investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos.

  • El experto Javier Villalba propuso cuatro puntos para el debate: 1) Repensar el diseño constitucional de la relación jurídica de los tres órganos de gobierno para con el Estado. Así, revisar el Artículo 123 para avalar condiciones de seguridad para garantizar la labor y la seguridad. 2) Repensar el modelo a partir de la regulación constitucional vigente sobre qué deben hacer la policía y el Ministerio Público en el modelo de una fiscalía autónoma. Propuso en ese mismo sentido, repensar también el Artículo 21 constitucional. 3) Democratización de la policía, a través de la realización un diagnóstico claro que permita la generación de insumos e indicadores para construir las propuestas necesarias. 4) Reflexionar sobre el uso de la fuerza, para contar con procedimientos, una normativa homologada y líneas de acción con protocolos estandarizados para la defensa de los Derechos Humanos, en suma, legislar para el uso legítimo del uso de la fuerza. Como propuesta, en una segunda intervención, recalcó la revisión del Artículo 21° constitucional para la definición de las competencias en la investigación de delitos. Señaló también que en materia de dignificación policial en el Artículo 123°, no se atiende al sistema penitenciario.
  • Cuauhtémoc Vázquez se preguntó por el rol del policía en este Nuevo Modelo. ¿Quién va a ser el responsable en el lugar de los hechos?, cuestionó. Señaló que la policía en su calidad de primer respondiente llega con el MP y no hay una coordinación real entre estos dos actores para una ayuda mutua. Planteó que, hace unos años las condiciones para que la policía se hiciera responsable de las investigaciones no existían. Recalcó que, en su punto de vista, las investigaciones las debe conducir una instancia profesional, que es la policía y no el fiscal. Pidió seguir el Artículo 21° constitucional. También señaló que un órgano autónomo no debe tener un brazo armado. Su propuesta: reconstruir la carrera policial en bajo estos tres rubros: prevención, acción e investigación. Recalcó que el fiscal debe ser el persecutor de los delitos, su fin no es integrar un expediente. .
  • ¿Cuál es la función de la procuración de justicia? Preguntó el consultor Mariano Pérez, para responder que las autoridades del nuevo modelo navegan hacia dónde va el viento, no hay una estrategia. Señaló que la política pública “México en Paz” (Plan Nacional de Desarrollo) es una carta de buenos deseos, pero no hay ahí algo que brinde resultados. Un sistema conjunto de justicia y seguridad pública sería el ideal, porque no deben ir separados. Mientras la constitución clama por la presunción de inocencia, en los estados se insiste en lograr más prisión preventiva oficiosa, una clara contradicción dijo. Propuso dotar a la policía de conocimientos, herramientas y habilidades mediante capacitaciones, y así, dotar a esta institución de las condiciones necesarias para que cumpla su función. Es decir, una política pública que busque fortalecer este primer eslabón de la cadena de justicia y que permita dignificar la labor policiaca. En otra intervención apuntó que la policía debe ser autónoma de la fiscalía.
  • El experto Juan Mayolo indicó que este es un momento histórico y delicado en la procuración de justicia. Señaló que a treinta años de la existencia del sistema de penal mexicano, hoy se sigue buscando cuál es el hilo conductor que nos lleve desde lo macro a lograr una política pública que pueda seguir el país, y que nos dé certidumbre. El Banco de México se ve afectado por la inseguridad, dijo. Refirió un libro que aborda los 25 temas nacionales más relevantes, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de su conclusión rescató: “el México contemporáneo es inseguro”, por eso el ejercicio de la Consulta es tan valioso. Llevó a la mesa una matrioska (muñeca tradicional rusa) con la que ejemplificó su intervención: “Hemos querido entender los elementos por separado. Por un lado observamos la previsión social y situacional, administración de justicia, procuración de justicia; estas estructuras tienen que ser transversales y deben converger, puntualizó. Propuso, ubicar y ampliar la ley de seguridad pública con un órgano ejecutivo como instrumento rector. Crear un fondo nacional para la seguridad pública y la justicia penal que acabe con la fragmentación de presupuestos. Hacer un Sistema federal de investigación criminal pueda dar los vínculos para que las investigaciones si se puedan llevar a cab.
  • Yuridia Torres expuso sobre la Ley General. Indagó sobre cuáles son los puntos de conexión que deben existir entre los órganos de procuración de justicia y otros órganos. Debemos encontrar los hilos conductores, apuntó. Luego, planteó la suma de todas esas faltas administrativas que viven en esas instituciones de seguridad pública. Sugirió una una metodología homologada de los primeros respondientes para que su labor su sirva al MP. Sobre la información dijo que, debe estar estructurada porque si cada una de las dependencias lo hace de manera distinta no vamos a hablar el mismo idioma, es decir usar datos estructurados. Concluyó diciendo que, el talento humano es la base cualquier institución, razón por la cual hay que invertir en el talento humano.
  • El Comisionado de Morelia, Bernardo María de León expresó:“Podemos corregir, tenemos la oportunidad histórica de corregir”. Cuando se creó el MP fue muy distinto a lo que estamos viendo ahora: las mismas facultades de un juez de instrucción son las mismas que las del MP, se trasladó y ni una coma se le movió en 1917. En 1929, Pascual Rubio creó las agencias de MP y de ahí para acá la impunidad ha ido aumentando,, ya que, hoy es totalmente inoperante. Las instituciones de procuración de justicia es el último bastión del sistema inquisitorio. EL MP no es un juez de instrucción cuando entendamos eso vamos a poder avanzar: 1)Tenemos que destruir las agencias del MP 2) ahora el MP hace la mediación sin pasar por un juez. 3) el MP determina las denuncias y la puesta a disposición es ante el MP, es decir, está teniendo facultades de juez. 4) luego, dicen que investiga, pero nadie investiga, porque lo que se procesa es porque fueron detenciones en flagrancia. Si logramos cambiar el modelo de seguridad pública, y si aprovechamos eso puede cambiar la lógica del nuevo modelo. Propuso, ante el afán de querer arreglar el sistema de arriba para abajo, ir por el camino inverso: necesitamos más policías municipales para que se note la capacidad de acción. Estos elementos policiacos ayudan a bajar la conflictividad social, es decir que haya policía local, que haga trabajo local. Sugirió que la educación de los elementos sea mayor de preparatoria, mejorar la situación salarial, arreglar los sistemas de carrera y de jerarquía, así como modificar el fondo cuatro. Por último planteó hacer academias que puedan homologar el reclutamiento de policías en el país.
  • El investigador Juan Salgado habló sobre Cadena de Justicia Penal. Mientras no haya un enfoque y política sistémica, al ser una cadena no va a poder cambiar el sistema, fue su planteamiento. Pensar en términos globales y en política basada en evidencia. El delito es multifactorial y por mucho que tengamos buena policía y buenos MP no van a incidir. Tal vez debemos repensar nuestra métrica, sugirió. Apuntó que primero hay que resolver los huecos del primer respondiente, la policía y cómo es su relación con el MP; esto es parte de nuestra política micro. Propuso desarrollar perfiles de puesto, basados en la rutina policial basado en habilidades, conocimiento y aptitudes. preguntarnos ¿Qué queremos que haga el policia? Y ponerlo en negro sobre blanco..
  • La consultora Ivette Estrada, señaló que en su experiencia diseñando protocolos y leyes ha detectado tres problemas: 1) No tenemos una herramienta de comunicación clara entre MP y policía, se cual sea el modelo. 2) Hay una gran confusión entre sus roles 3) Tenemos un problema en la teoría del delito. Expresó que ella prefiere el cambio de abajo hacia arriba porque es más horizontal y los operadores se pueden influenciar más entre ellos. Hizo una propuesta a nivel macro: diseñar un sistema de evaluación de impacto de las acciones y que evaluar a todos los involucrados, no solo en el nivel operativo..
  • Emilio Cunjama, investigador del INACIPE, señaló que la parte macro del nuevo modelo debe cuestionarse si ¿la procuración de justicia está construida como una política pública? No hay evaluación o lo que se ha evaluado es minúsculo, dijo. La seguridad pública debe ser concebida de manera más amplia mediante la prevención del delito y que es parte fundamental de la cadena de justicia. Respecto a lo micro habló de la labor del policía como primer respondiente donde le exigimos mucho al policía respecto a su salario ya que está a tres fuegos: 1) el de la institución, ya que si no cumple es castigado 2) personales, ya que debe atender a su familia 3) la ciudadania que reclama, porque la policía está muy mal posicionada frente a la ciudadanía Luego planteó ¿cómo y qué vamos a evaluar del primer respondiente? Lo que se tiene que evaluar es la práctica. Subrayó que hay que cuidar a nuestros policías porque es fácil que vinculen con el crimen organizado. Propuesta: evaluación de los tomadores de decisiones y la política de seguridad y no solo de los operativos. Se necesita una prevención social, no solo situacional. “Hay populismo punitivo” y así el derecho penal no es la ultima ratio sino la primera. Hacer una reingeniería institucional basada en la rendición de cuentas, que resulte en bases de datos que nos permita realizar diagnósticos y mejoras..
  • El investigador Cortés Morales del Instituto Mexicanos de Derechos Humanos planteó que es un error tratar de usar el derecho penal para resolver todo: tipificar el delito, distingamos. Enfatizó la incorporación efectiva de los Derechos Humanos, porque está incorporada de manera formal. Sugirió vigilar la participación de las fuerzas armadas en este modelo donde hay un peligro de la relación civiles-militares. Respecto a las instituciones autónomas, dijo que el Estado se ha empeñado en coptarlas de nuevo. Propuso generar una parte técnica que genere bases de datos y donde no prevalece la comunicación entre instituciones. También, inducir un trabajo orientado a las víctimas donde el asesor victimal sea autónomo..