CIDE

1-junio (10 a 14 hrs) | CDMX

PONENTES


Ariadna Salazar Quiñonez


Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales


Iván de la Garza Santos


Consultor en Fortis Consultores S. C.


Jorge Emilio Iruegas Álvarez


Director de la Subprocuraduría Especializada en combate a la Corrupción de Nuevo León


Moisés Moreno Hernández


Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales A.C.


Karla Karelly Villanueva Escamilla


Directora de Seguimiento a la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública


Jorge Antonio Mirón Reyes


Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos


Sergio García Ramírez


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM


Miguel Bonilla López


Juez de Distrito


Fabio Valdés Bensasson


COORDINADOR DE LA MESA O FORO
Experto en el sistema de justicia penal


Marisela Contreras Julián


Diputada por la LXIII Legislatura, presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados


José Antonio Caballero Juárez


Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C.

  • La investigadora del INACIPE comenzó su intervención, sobre la procuración de justicia y política criminal, preguntando ¿qué se entiende por criminalidad? Argumentó que algunos hechos delictivos son denunciados, pero no llegan al juzgado por diferentes motivos, como: su desconocimiento, hay errores en el caso, y aquellos que utilizan las salidas alternas del nuevo modelo. Por otro lado, están los casos que no se denuncian porque no hay confianza en la justicia, valoración costos-beneficio, temor a represalias, falta de tiempo, dijo la experta. En cuanto a política criminal señaló que hoy se tiene un sistema más garantizante frente al indiciado y frente a la víctima. El nuevo sistema ofrece una batería de posibilidades para una reparación del dato previa. Poco a poco se está dejando de lado la noción de prisión como sinónimo de justicia.
  • La política de persecución penal es uno de los medios de los que dispone el Estado para la ejecución de su política criminal dijo el consultor Iván de la Garza. Para ello, apuntó se debe tomar en cuenta la complejidad del Estado mexicano. Una política de persecución penal debe encauzar la óptima persecución de un delito. Al respecto propuso tomar en consideración seis aspectos: 1) que la persecución del delito esté alineada a la política criminal 2) proteja intereses públicos 3) sea consciente del mensaje que se quiere mandar, ya que es una forma de control social 4) tenga criterios de racionalidad administrativa, ya que es un servicio público 5) defienda intereses de la víctima 6) y también los intereses del imputado. Aclaró que estas seis consideraciones, al momento de delinear un político de persecución penal, no tienen un orden jerárquico. Esta política debe dar la posibilidad saber cuándo se puede hacer uso de las herramientas del Ministerio Público como el archivo temporal y criterios de oportunidad. Recomendó: identificar dos dimensiones distintas al respecto de la política de persecución penal: una de carácter estratégico y la otra normativo, aunque las dos se comunican. La primera en clave de política pública a través de la identificación de un problema, planeación, ejecución y evaluación. En segundo lugar, que esta sea dinámica, mediante una evaluación constante y dúctil, así sería la misma para todo el país, pero con adecuaciones locales. Sobre la dimensión normativa, señaló, esta política debe dar certidumbre y permitir al Ministerio Público hacer uso de sus herramientas de conciliación.
  • El funcionario público nuevoleonés, Jorge Iruegas, retomó la intervención del consultor De la Garza sobre la importancia de la lógica de la persuasión penal como componente de la política criminal. Es necesario, dijo, dar a conocer sus funciones y responsabilidades y dejar de creer que a través de una fiscalía se puede resolver la política criminal: para ello habría que tomar en consideración por lo menos cuatro componentes, destacando la posibilidad de una visión integral y sistémica. Apuntó que la política relacionada con la persecución penal debe tener el liderazgo de la procuración de justicia, pero con la ayuda por las demás áreas judiciales. Otro punto al respecto, abordado por el experto fue, señalar que esa fiscalía líder, destaque su labor investigativa en materia criminal, atendiendo a una serie de interrogantes: ¿qué se debe de investigar?, ¿qué debe de judicializar? ¿qué casos deben llegar a juicios? y ¿qué casos deben recurrir a las salidas alternas? Propuso revisar el Artículo 21 constitucional, situación que dejaría clara la relación entre Policía y MP, aclarando que la segunda dependencia sería la responsable de la investigación.
  • El experto Moisés Moreno dijo que “la política criminal viene a ser el todo de medidas frente a la criminalidad. Apuntó que después de nueve años de la Reforma Constitucional en materia Penal todavía no se perciben resultados positivos. Por ello, recalcó, es que una serie de cuestionamientos de antaño, se siguen diciendo ahora. ¿Qué hay que hacer para que haya un cambio y mejore la procuración de justicia?, se preguntó. Destacó el documento que la PGR mandó al Senado en la que se reconocen una serie de falencias, pero también ahí se hacen una serie de sugerencias. Algunas de ellas deben ser objeto de análisis, por ejemplo, evitar el conflicto antes de que llegue, es decir, el planteamiento de evitar llegar a los juicios y dar más peso a las herramientas de resolución de conflictos. Luego, habló de la función del MP, que es investigar y convertirse en el órgano acusador, figura se está diluyendo porque cada vez hay menos investigación, menos persecución y menos acusación, puntualizó. Añadió que con este tipo de mecanismo no se llega a lo planteado por el Artículo 20, “que el culpable no quede impune”. Propuso tener una política criminal menos represiva donde sí conviene el uso de estas salidas de conflictos. “Si queremos ser menos represivos, hay que atender el código penal” concluyó.
  • La relación entre procuración de justicia y política criminal están estrechamente vinculadas el día de hoy por el nuevo sistema penal acusatorio, puntualizó la experta Karelly Villanueva. Todo el andamiaje jurídico de este nuevo modelo tiene como base un esquema de racionalidad completamente direccionado por una política criminal de Estado. Esta política criminal se establece bajo tres premisas 1) Los hechos que han sido denunciados, pero carecen de relevancia penal o carecen de elementos para investigarse sean determinados en una fase inicial 2) Permite y fomenta la solución de conflictos penales a través de acuerdos 3) Prevé especial tratamiento a los delitos de alto impacto. Están tres premisas devienen en criterios de respeto al debido proceso, de racionalidad de recursos y de proporcionalidad. Luego, atendió la pregunta ¿Cómo podría plasmarse el criterio de oportunidad?, planteada por el moderador de la mesa. Propuso un Código Nacional Penal, haciendo una breve reseña historia de esa propuesta que data desde la época de Lázaro Cárdenas, a través de nuevos protocolos y acuerdos interinstitucionales.
  • Sergio García Ramírez comenzó su intervención señalando que del título del ejercicio de la Consulta había que celebrar su carácter nacional, pero era de extrañarse que el nombre no dijera “justicia integral”. Después dijo que no hemos tenido en mucho tiempo una política criminal, “hemos hecho muchas cosas, pero no sabemos hacia dónde va”, apuntó. Sólo no tenemos una política criminal, sino que hemos tropezado una y otra vez con lo que actualmente tenemos, porque no hemos resuelto la interrogante: ¿qué es lo que queremos hacer con una política criminal? Destacó que nuestro sistema de punición es grotesco y surrealista. Sobre los actores del sistema penal señaló que son la parte medular de la gran obra que debe ser la procuración de justicia. Preguntó si ¿el MP realmente está haciendo la labor de investigación o lo hace otra autoridad? Respondió que él consideraba que era otra quien lo hacía. Con base en su respuesta, cuestionó de nuevo si ¿el MP quiere y puede hacer la labor investigativa? Sobre la policía dijo que era ineficiente, incompetente y corrupta, destacando que esto era una realidad, y negarlo u omitirlo no era benéfico para el ejercicio. Entonces se debe corregir esta institución ya que todo el sistema se basa la intervención de la policía, puntualizó. Sobre los jueces dijo que el juez de ejecución de penas no puede ser “el dueño” de la ejecución porque esa situación nos lleva al terreno de la discrecionalidad.
  • El juez de distrito Miguel Bonilla habló a título personal. Señaló que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no es clara en materia de telecomunicaciones, y esto es importante ya que es la da competencia a los jueces a nivel federal y local. Situación que genera interpretaciones distintas en los impartidores de justicia involucrados. Habría que revisar el Artículo 303° del código penal, puntualizó. Otro problema de la solicitud de intervención de telecomunicaciones en la extracción de información de dispositivos electrónicos, debido a una mala interpretación de las procuradurías sobre la jurisprudencia sobre el aseguramiento de un dispositivo que debe realizar el MP. Esta situación hace los jueces de control nieguen la prueba y eso se traduce en un entorpecimiento de la investigación. Otro tema está en las solicitudes que la información almacenada pueda intervenir cuentas de redes sociales asociadas al dispositivo asegurado. Intervenir es un tema que debe ser atendido, porque si se hace mal de origen, en la investigación el inicio de la comunicación se vicia todo el proceso. También apuntó que las fiscalías no cuentan con los elementos tecnológicos para la extracción de información. Por ello, se recurre a la ayuda de la Policía Federal (PF), no obstante, no hay un fundamento y/o acuerdo explícito en el que la PF se pueda ayudar a las fiscalías locales, el cual propuso se debe hacer.
  • El Subprocurador Jorge Mirón señaló que uno de los grandes problemas en materia de precaución de justicia es que no hay congruencia en la norma. Citó el ejemplo de la facultad otorgada al MP sobre el criterio de oportunidad donde puede decidir si investiga o no, cuando su función principal de acuerdo con el Artículo 21 constitucional es investigar, situación que no es coincidente con el marco que se pretende, planteó el experto. Estas incongruencias normativas se ven reflejadas en las normas secundarias, porque son las que diseñan la forma de aplicar el poder punitivo. Tenemos un Código Nacional Penal que también tiene una serie de contradicciones, entre esta norma y la Constitución. Sugirió hacer una norma donde se refleje la política criminal. Concluyó diciendo que, si esta norma coincide con un modelo planteado en la constitución, entonces podemos caminar, porque esa debe ser la base.
  • En la puntual intervención de Marisela Contreras, la legisladora pidió poder incorporar la visión de género en las mesas que comprende el ejercicio de la Consulta. Propuso un especialista en las mesas para que se construya este eje transversal. Planteó que nos enfrentamos a una política criminal sin una visión de género ya que ante la Ley somos iguales, situación que invisibiliza la violencia sistemática hecha contra las mujeres.
  • Antonio Caballero, investigador del CIDE planteó una serie de breves reflexiones entre las que se destacan: La solidez de las instituciones fue el primer tema que abordó diciendo que “el sistema maltrata mucho a sus propios operadores”. Continuó cuestionando ¿Qué es delincuencia organizada? Dijo que no hay claridad sobre qué es, así que definirla sería una primera tarea. Preguntó después ¿Qué es seguridad pública? para ejemplificar las peripecias que significa esta tarea, también pendiente de una definición puntual. La distribución de competencias fue otro de los tópicos abordados por el experto, deviniendo en una situación de impunidad ¿la sociedad a quién le reclama, si no están claras las funciones? El impacto de las víctimas en este nuevo modelo es un factor a tomar en cuenta. El último tema que abordó fue el de la corrupción. Señaló que implementar política criminal donde hay corrupción e irregularidades, es una tarea muy difícil si no se mejoran las condiciones de los operadores.