FORO

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
30-mayo (10 a 14 hrs) | Ciudad Juárez

PONENTES


JESÚS ABRAHAM MARTÍNEZ MONTOYA


ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ


ADONAÍ CARREÓN ESTRADA


DELEGADO EN CHIHUAHUA DE LA PGR


MARIANO MOCTEZUMA CASTILLO


JUEZ ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE BRAVOS.


JORGE CARRANZA BUENO


COORDINADOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL ZONA NORTE


ANDRÉS BARRERA BRAVO


JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO DE BRAVOS


JOSÉ LUIS BARRÓN


PROFESOR DE LA UACJ

  • Indemnización de víctimas indirectas. El profesor de la UACJ, Jesús Abraham Martínez, contextualizó su propuesta a partir de la siguiente pregunta ¿Cuál es el problema de que haya narco-ejecuciones? Basado en su libro, Narcoejecuciones en Ciudad Juárez: 2008-2011: la indemnización de las víctimas indirectas, señaló que en el periodo comprendidio en su investigación hubo 9,262 personas ejecutadas por el narcotráfico. Esas víctimas tenían familias que arrojan otra cifra significativa: 10,800 huérfanos. Así dio pie a su propuesta: Los familiares de víctimas de homicidio por el narco deben recibir una reparación del daño económica: “El Estado debe ver por las victimas para resolver el círculo víctima-victimario”. Esta reparación del daño debe financiarse de las incautaciones de propiedades, valores, cuentas bancarias del crimen organizado, por parte del Estado, ya que estás no llegan a las víctimas. “¿Qué pasa con esos decomisos, con esos aseguramientos?’”. En suma, señaló que el servicio de administración y enajenación mexicano coadyuve a las víctimas, particularmente viudas y huérfanos, con esos vienes incautados. Agregó datos como el de los ejecutados estudiados en el periodo señalado en su libro: la mayoría eran jóvenes de sexo masculino, menores de 25 años, sin estudios y con antecedentes penales.
  • Investigaciones de los delitos complejos. Los delitos complejos en el sistema penal acusatorio tienen su antecedente en 2010 con la evaluación de los delitos complejos en varios países de América Latina con un enfoque centrado en la prevención del delito y evitar la reincidencia, apuntó Adonaí Carreón. Señaló que con el problema de las drogas el que delinque también estudia para mantener su impunidad, a través de lagunas en el sistema como en la Ley General de Salud. También Apuntó que otorgar criterio de oportunidad, deja fuera la reparación del daño. Se preguntó cómo se va analizar y proporner la complejidad, sobre todo normativa, en la investigación de delitos, además de cómo se van a establecer las políticas públicas al respecto. Propuso ampliar las competencias de las delegaciones para poder hacer de mejor manera las investigaciones judiciales.
  • ¿Y los adolescentes? Para el Juez Mariano Moctezuma, el sistema penal se percató que no hay una ley que atendiera adolescentes. Así, primero en 2007 en capital y, luego en 2008 para todo el estado de Chihuahua se intentó establecer la Ley Integral para Adolescentes. Al no haberla primero se creó un “Frankenstein jurídico”, señaló. En ese contexto es que se aceleró la ola de violencia, traducida en secuestros, homicidios, trata de personas, transporte de armas en el estado norteño. Después de casi 9 años del sistema integral para adolescentes, hay poca sensibilización en materia de adolescentes, apuntó. El experto cito que los psicólogos señalan que en actos ilícitos los adolescentes actúan más por presión que por razón, por ello los categorizó como un grupo poblacional en vulnerabilidad. Remarcó que con base en lo aprendido sobre la ola de violencia 2008-2011, los adolescentes son un grupo apetitoso para las bandas delictivas, ya que hoy son otra generación y de no ser atendidos pronta y adecuadamente será una réplica de lo vivido en el periodo referenciado. “No es meter a los adolescentes a la cárcel, sino atender al tipo de delito”, dijo. Buscar sanciones ejemplares que generen impacto de no reincidencia, fue una de sus propuestas, así como la revisión de algunos artículos de la Ley Integral de adolescentes.
  • La muy concreta propuesta de Jorge Carranza, Representante de la Fiscalía General Zona Norte, se centró en la delegación de facultades en materia de delincuencia organizada sobre el robo de vehículos.
  • Autonomía de la fiscalía. Andrés Barrera se refirió no a la autonomía para las instituciones, sino a la autonomía para los fiscales en el desarrollo de sus investigaciones. Recalcó que cada región del país tiene problemáticas distintas que deben ser atendidas y entendidas caso por caso.
  • La espontánea intervención del profesor José Luis Barrón de la UACJ, quien asistió como público, abonó información sobre los derechos de las víctimas ante un Ministerio Público. Propuso hacer promoción de ese recurso que tienen las víctimas. Apuntó que el incremento de la delincuencia en México se debe a la insuficiente infraestructura y a que los MP tienen poca preparación en la procuración de justicia.