FORO

Instituto de Investigaciones Jurídicas
29-agosto (10 a 14 hrs) | CDMX

PONENTES


Rubén Martín Olvera y Aguilar


Fiscal Coordinador Especializado adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia


Bernardo Cadena Alcántara


Abogado postulante


Marcela González Duarte


Docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Amelia Zetina Pinello


Directora de Control y seguimiento del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en MASC de PGR


Xochitl Guadalupe Rangel Romero


Profesora Investigadora Facultad de Derecho


Omar Siddhartha Martínez Báez


Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla


Erika Ríos Escutia


Directora de Área del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la PGR


Eduardo Avendaño Flores


Maestro en Derecho


Eidy Barragán Moreno


Jefe de Departamento de la Procraduría General de la República


Carlos Manuel Rosales


Investigador


Guillermo Naranjo


Abogado


Enrique Jiménez Lezama


Servidor Público Federal


Hugo Hernández Vaquero


Agente del Ministerio Público


Jesús Benito Nares Pérez


Académico y Abogado Postulante


Miguel Ángel Estrada


Abogado Postulante


Rodolfo Basurto Carmona


Docente colaborador de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste


Álvaro Rodríguez Doniz


Director de planeación y prospectiva del consejo consultivo ciudadano de Hidalgo


Víctor Manuel Vergara Quezada


Abogado Litigante


Vivian Carmina Huerta Álvarez


Servidora pública federal


Martín Soto Mendoza


Perito Ejecutivo


Magdalena Hernández Hernández


Subdirectora de Desarrollo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas


David Fernández Mena


Director del programa de Estado de Derecho de la American Bar Association

  • Rubén Olvera planteó que el término política criminal no aparece en distintos insumos de procuración de justicia. Estamos a punto de inaugurar el sistema nacional anti corrupción cuando aún no está listo el andamiaje, es decir no hay una política criminal bien definida, señaló. Propuso una política criminal anti corrupción de la Procuraduría General de la República. Invitó a reflexionar en torno a ¿qué tipo de política queremos que tenga esa nueva fiscalía? También expuso que el nuevo modelo no va a acabar con la corrupción, ya que atiende a los mismos delitos que ya se atacan
  • Bernardo Cadena Alcántara señalo que la reforma de 2008 solo revistió al Ministerio Público, pero no lo modifico sustantivamente. Señaló que este modelo tuvo como máxima inspiración el modelo chileno. Destacó que la figura del MP, viene viciada, porque ya existía esa figura en el sistema anterior, situación que entorpeció el entendimiento de las nuevas labores del MP en el sistema penal acusatorio. Propuso estudiar otros sistemas jurídicos, no solo los latinoamericanos, retomemos sus aciertos y aprendamos de sus errores
  • Marcela González dijo, es fundamental que este modelo penal acusatorio no tenga regresiones. Abordó el tema de la impunidad y cómo afecta al sistema, señalando que no hay que escatimar en gastos financieros y humanos para combatir esto. Planteó que en la práctica este no es un modelo acusatorio, pero tampoco un modelo garantista. Sobre el segundo dijo que se caracteriza por sus mecanismos eficaces que respeten los derechos de los involucrados en el proceso y lo explicó a detalle. Destacó que se deben desarrollar todas las garantías necesarias que atiendan al juez a al imputado y, por supuesto, a la víctima. Hace falta método en todo el sistema sentenció
  • Amelia Zetina abordó el tema de la figura del facilitador en el nuevo sistema. Señaló que los facilitadores no son parte del servicio profesional de carrera. Propuso la modificación de la ley orgánica para que los facilitadores sean parte de este servicio ya que son agentes sustantivos de este nuevo sistema ya que son vitales en la aplicación de los mecanismos alternativos
  • Xochitl Guadalupe Rangel Romero Habló sobre la justicia juvenil. Dijo que la ley debe tener un órgano especializado. Se debe reformar el 18 constitucional sobre las prerrogativas específicas sobre la justicia juvenil. Propuso elevar la edad de responsabilidad juvenil, actualmente es de 12 años, revisar las condiciones del internamiento, además aumentar los estándares objetivos y formar instituciones especializadas. El tema de la justicia juvenil debe tener las mismas garantías que las de los adultos
  • Omar S. Martínez, funcionario poblano, intervino sobre Víctimas y Derechos Humanos. Señaló que las victimas recién aparecen en un nuestro sistema hasta 1993, y en el 2000 se agregó la reparación del daño. Para, 2008, se adicionaron los derechos de asesoría jurídica, intervenir en juicios y su protección integral. Fue hasta 2013 que se estableció la re-victimización. Propuso la adecuada capacitación de los MP respecto a las víctimas. Expuso el manual de capacitación a funcionarios de Puebla donde hay cerca de 100 actos que pueden ser considerados como violaciones a Derechos Humanos; insumo que puso a disposición como una buena práctica. Habló también del diagrama básico del modelo de atención a víctima de su estado y de las tres cartillas sobre derechos humanos, todo disponible en la página de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla. Propuso adicionar en el Código Nacional de Procedimientos Penales la acreditación de policías y MP en materia de Derechos Humanos
  • Erika Ríos Escutia habló sobre los mecanismos alternativos. Sobre el acuerdo reparatorio destacó que hay jueces que avalan acuerdos, no necesariamente reparatorios sin tomar en cuenta a los facilitadores y mucho menos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de solución de controversias. Propuso que los facilitadores sean quienes avalen los acuerdos reparatorios
  • Eduardo Avendaño Flores cuestionó si ¿es realmente garantista el sistema mexicano? Ejemplificó su respuesta a través de su experiencia para llegar a un cargo judicial. Señaló que no hubo capacitación una vez que ingresó al sistema. Por último, planteó que el sistema esta corrompido y la institución no se hace cargo de las denuncias internas
  • Eidy Barragán Moreno Habló sobre la presunción de inocencia y de la prisión preventiva oficiosa. Propuso programas de capacitación a la policía, a los MP y peritos para garantizar la presunción de inocencia y no que sea el antídoto la presión preventiva oficiosa
  • Carlos Rosales propuso la creación de la corporación de asistencia judicial. Utilizar a los alumnos de derecho de último año, de cualquier universidad, a que hagan clínica judicial, como los internistas de medicina, que atiendan a quienes no puedan pagar. Es evolución y/o “eficientación” del servicio social actual. Que esta cooperación tenga trabajadores sociales que dictaminen quien sí puede o no pagar el servicio de un abogado
  • Guillermo Naranjo tocó el tema de atención a víctimas y del proceso. Planteó la situación del derecho penal frente al nuevo modelo y de cómo no es compatible. También abordó el tema de los MP donde deberían ser unidades de atención más que personas físicas encargadas de tantas tareas. Repensar el papel del derecho penal
  • Enrique Jiménez habló sobre las percepciones de seguridad pública. Dijo se debe abordar este tema de raíz, con medidas a largo plazo y sin filiaciones partidistas. Habló de la efectividad de los comités vecinales hace unos años. Propuso un documento que recopile las buenas prácticas de otros estados, y que incluya perspectivas de gobierno y de sociedad civil
  • Hugo Hernández, Ministerio Público, propuso que el MP siembre este en contacto con la comunidad, es decir, se involucre más, para que su panorama sea amplio y pueda conducir de mejor manera las investigaciones
  • Jesús Benito Nares, ante las críticas a la Labor del MP, señaló las muchas deficiencias que hay en materia de instalaciones y de personal. Propuso precisar las jornadas laborales en horarios no tan extenuantes y sobre todo que las capacitaciones también se adecuen a los horarios de los elementos pertenecientes al sistema. También importante, dijo, que esas capacitaciones también sean para mandos altos y medios
  • Miguel Ángel Estrada planteó el tema de la corrupción y de la ética de los jueces ya que de nada sirve capacitar a los demás operadores del sistema si el juez incurre en ilegalidades. Propuso, la creación de una visitaría o un mecanismo que fortalezca las actividades de los jueces
  • Rodolfo Basurto Carmona abordó el tema de los mandos policiacos en la investigación. Refirió al Artículo 41 de la Ley de Seguridad Pública que establece la alineación de los policías con sus mandos, pero no de manera inversa. Propuso modificar el Artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde el mando policial adquiera responsabilidad y apoye a sus elementos por ley
  • Álvaro Rodríguez propuso estandarización de criterios de control y de seguimiento
  • Víctor Manuel Vergara se dejaron las mismas instituciones colapsadas para un sistema que pretendía todo nuevo. Criticó a los operadores que no conocen y no saben hacer el debido proceso, situación que en muchos casos ha dejado en libertad a culpables de delito. No es una falla del sistema. Propuso vigilancia y sanción a todos los órganos de procuración de justicia en todo el país
  • Vivian Carmina Huerta denunció a través de su propio caso la violencia de género que sufren por parte un funcionario público. Explico el aumento progresivo, de acuerdo con el violento metro de la violencia sistemática ejercida por Agustín González Guerrero, actual Director de Área Jurídica y Consultiva de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México , con quien vivió en concubinato. Dijo que no hay una cultura frente la violencia de género en la procuración de justicia. Propuso un órgano de vigilancia a funcionarios públicos
  • El perito Martín Soto Mendoza sugirió seguimiento operacional al tráfico de drogas en vuelos internacionales. Crear normas y reglas especializadas en materia de estos delitos, sobre los operadores de la revisión de equipajes. Abogo por un sistema de procuración de justicia pericial y científica
  • Magdalena Hernández Hernández, abogada indígena náhuatl. Planteó el tema de las violaciones procesales porque no hay garantía de traducción para los indígenas no hablantes del español. Destacó el déficit de traductores certificados. Propuso que se garantice la presencia de estos traductores en los procesos que así lo requirieren.