FORO

Barra de Abogados
24-agosto (16 a 20 hrs) | University Club

PONENTES


Víctor Olea Peláez


(BMA)


Julio Hernández Barros


(INCAM)


Francisco Javier Gaitán


(ANADE)


Francisco Riquelme Gallardo


(BMA)


Moisés Castro Pizaña


(ANADE)


Albertico Guinto


(INCAM)


Luis Martín Contreras Gama


(ANADE)


Virgilio Tanús Namnúm


(INCAM)


Luis Madrigal Pereyra


(BMA)


Gonzalo Alanís Figueroa


(BMA)


Mauricio Ramírez


(INCAM)


Erik Nelson Ramírez Barbosa


(ANADE)

  • Víctor Olea, refirió la evolución de los derechos de las víctimas. Planteó que el catálogo de derechos para las víctimas es perfectible. Luego destacó que estamos transitando de un esquema in dubio pro reo a uno in dubio pro víctima. Propuso garantizar los derechos de las víctimas y ofendidos abona en función de un mejor sistema de justicia penal
  • Julio Hernández dijo que en nuestro país hace 17 años no existían las víctimas, por lo menos de manera constitucional. Es a partir de la Ley Nacional de Víctimas y del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es que se toma en cuenta a las víctimas. Planteó que la Verdad, Justicia y Reparación integral, son los tres conceptos que engloban el nuevo sistema
  • Francisco J. Gaitán habló sobre el Derecho a la verdad de los hechos, el derecho a una reparación integral que debe ser garantizada, y el derecho a recibir ayuda y asesoría jurídica. Ejemplificó el Artículo 20 del CNPP, no obstante, este derecho a imputar los MP no lo ejecutan. En lugar de ampliar garantías, al no ejecutarse se limita al restringir los derechos a un catálogo. Una segunda propuesta, fue la definición de los plazos en la investigación inicial y que se incluyan en el Artículo 258 del CNPP. Que los insumos de las investigaciones sean valorados debidamente, dijo. Planteó que el juez de control debe ser mucho más sensible ante víctimas e imputados al momento de señalar si conocen y entienden el proceso en el que están involucrado al participar en una audiencia
  • Francisco Riquelme señaló la importancia del equilibrio entre víctima e imputado en un proceso. Señaló que la confrontación oral es un gran avance. El tema de la corrupción no solo está en perjuicio de la víctima, sino de toda la sociedad. En su segunda intervención: crítico la idea de ampliar el catálogo de delitos, ya que no resuelve la situación del crimen. Exigir a la sociedad a que vayan a declarar. Propuso abrir las salas de audiencias a los medios de comunicación en aras de la transparencia
  • Moisés Castro habló sobre establecer mecanismos que obliguen al MP a realizar investigación. Señaló que la víctima es quien más sufre por la corrupción en este sistema, por ello se ajustó a la propuesta de plazos de investigación hecha por Francisco Gaitán. Para él, la propuesta de incluir más delitos es una puerta falsa, porque no habría un impacto real en las estadísticas de percepción de impunidad. Esto, porque hay muy poca flagrancia en delitos graves, por ello es que hace falta investigación que debe ser la base del sistema. Señaló que sin ética y moral de los operadores, aunque estén muy capacitados, no va a cambiar nada. En una tercera intervención propuso que el modelo de gestión debe ser horizontal enfocado, en principio, a los intereses de la víctima, sin descuidar los del imputado. Hace falta especialización de los operadores, dijo
  • Albertico Guinto planteó la debida capacitación de los operadores y de los abogados. Destacó que la sociedad en general no está preparada para este sistema, porque muchos de los que están involucrados en el sistema apenas tienen preparatoria. Los operadores son analfabetas del sistema, dijo. Hay que modificar la Ley de Amparo para que los procesos sean mucho más breves y no que duren casi el mismo tiempo de lo que duran algunas penas
  • Luis Martín Contreras consideró que hay dos problemáticas en la implementación del sistema: la capacitación y segundo las facultades de los jueces de control. ¿Cómo debe actuar un juez de control? Respondió que debe ser con base en el principio de contradicción y del principio de igualdad, es decir, un árbitro imparcial. Estuvo de acuerdo con que hay que reformar el Artículo 258 de CNPP, explicitando que esas resoluciones no son las únicas. Ante el tema de la prisión preventiva justificada, señaló que los operadores deben conocer el sistema para que ejecuten de manera idónea de sus derechos y obligaciones
  • Virgilio Tanús señaló sobre el Artículo 19 que sería un error aumentar el catálogo. El nuevo sistema no es un cambio de reglas, sino un cambio de chip, dijo. Planteó los orígenes de una política criminal, señalando que se debe hacer una revisión de todos los ordenamientos legales, es decir códigos y leyes secundarias. Porque, hoy en día, estamos abusando del proceso penal que no está pensado para subsanar falencias de la sociedad
  • Luis Madrigal pidió revisar la ley de amparo, para que un juez de distrito pueda resolver en lo inmediato si revoca o no la decisión de un juez de control. Destacó que debemos tener juicios rápidos, ágiles y sin tecnicismos. Sobre la autonomía, dijo, debe ser con imparcialidad política, cosa que lamentablemente no sucede. Destacó que tal situación no ha permitido que haya un fiscal anticorrupción. La procuración de justicia en este país está estrechamente ligada a la política, no lo debemos callar, subrayó. Se necesita un modelo diferente. Propuso que los legisladores contraten empresas serias que hagan evaluaciones o auditorías de desempeño
  • Gonzalo Alanís habló sobre la gestión ministerial y su proceso. Indicó que su origen está en el modelo tradicional. El error de esta gestión, a la que estábamos acostumbrados, no es, en absoluto, compatible con el modelo penal acusatorio. Se planteó, en el diseño, que si se iba a construir un nuevo modelo, se debía hacer una nueva procuraduría. Señaló que la capacitación es la piedra angular, pero también la gestión, es decir, los mecanismos y el cómo los agentes están conduciendo su trabajo.
    Mauricio Ramírez, en representación de José Ramón Greenham, celebró que se escuchen a quienes se enfrentan con la realidad del sistema, los defensores. Dijo, urge a los legisladores modificar el Artículo 19 constitucional cuando no hay indicadores que le permitan poder tomar esa decisión. En segundo lugar señaló que la situación del el protocolo de primer respondiente es lamentable, porque está mal diseñado, ya que no se tomó en cuenta a los policías y son ellos quienes lo tienen que llenar. Sobre el modelo de atención temprana, dijo, no funciona a nivel federal, señalando que urgen intérpretes que garanticen el derecho de defensa de indígenas
  • Erick Ramírez Planteó primero antecedentes como: ¿a MP burócrata cómo lo transformas en MP investigador? ¿Qué se le está pidiendo hoy al nuevo fiscal? Tienen que ser criminólogos, criminalistas, técnicos, estrategas, tienen que saber argumentar, enfrentarse con el defensor, saber en qué momento preguntaban y repreguntaban. Ahora estamos en un partido de iguales donde te van a argumentar lo que hiciste mal y volvemos a donde arrancamos. Tienes un doble compromiso, la víctima puede estar representada pero el fiscal representa a la sociedad. Planteó que hemos tenido procuradores políticos, técnicos, militares. ¿A quién se quiere de fiscal autónomo? Cuando él vea hacia abajo va a encontrar gente poco capacitada, gente que no entiende el sistema y gente que no es un investigador. Subrayó que el primer requisito de un organismo autónomo institucional, es que sea autónomo de los partidos. Debe también tener transparencia en el ejercicio de sus funciones, evaluación y estabilidad en el empleo. Sobre el fiscal, dijo, debe tener el control de esta policía de investigación y debe ser un perfil de una persona ética, íntegra, proba. Ese fiscal debe reunir todas estas cualidades. Por último sentenció que la ley nunca va a lograr que funcione un sistema con personas incompetentes