FORO

Universidad Autónoma de Chiapas
15-agosto (10 a 14 hrs) | Tuxtla Gutiérrez

PONENTES


Juan Marcos Dávila Rangel


Juez Primero de Distrito en Amparo y Juicios Federales


Faustino Guerrero Posadas


Profesor de la UNACH


Horacio Reyes Pérez


Fiscal de Combate a la Corrupción


Eligio Valdenegro Gamboa


Juez de Distrito especializado en el NSJP


Felipe Nery León


Fiscal de Distrito Metropolitano


Nancy Benítez Rebollo


Fiscal de la Muje


Martha Patricia Tejeda Flores


Titular de la Unidad de Seguimiento a la Operación del Sistema Penal Acusatorio


Adulfo Chacón Ruiz


Fiscal de Asuntos Relevantes


Carlos Tovilla Padilla


Fiscal de Periodistas


Jorge Alberto Núñez Echeverría


Defensor público del Instituto de Defensoría Pública


Alma Rosa Cariño Pozo


Fiscal Especializada en protección a las mujeres


Bertha Alcalde


Consultora En Temas De Procuración Y Justicia Penal

  • Juan Marcos Dávila centró su intervención en la propuesta de observar modelos de derecho comparado de otros países para ver como puede ser la autonomía de las nuevas fiscalías
  • Faustino Guerrero habló sobre los datos de prueba. Sugirió propuesta de estructura para las fiscalías. Destacó la importancia de la aclarar en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) la definición del término de datos de prueba
  • Horacio Reyes abordó el tema de competencia laboral. Describió las problemáticas operativas de las averiguaciones previas, desde la óptica de las fiscalías. Planteó que esto es un tema relacionado con la administración de justicia.
    Eligio Baldenebro señaló los problemas de los modelos de atención a las víctimas a nivel federal, particularmente los migrantes. Sugirió considerar al migrante como grupos de alta vulnerabilidad fue su primera propuesta. El migrante no es víctima del “pollero”, sino que su victimario es el Estado. Dijo que el CNPP no hay referencia hacia la condición migrante, pero la Ley General de Víctimas sí. Propuso que se adopte la particular de las víctimas de acuerdo al principio de Artículo 5° de dicha ley. Dijo que hay carencia de protocolos sobre la atención a este tipo de víctimas. También planteó la creación de Unidades interdisciplinarias especializadas
  • Felipe Neri abordó distintos tópicos, entre los cuales propuso que hubiera jueces de control las 24 horas, fue su primera propuesta para elevar la calidad de la investigación y garantizar los derechos de víctimas y victimarios. Darles su debido peso a las apelaciones por parte de la víctima debe quedar establecido y no que quede a la interpretación de los jueces de control
  • Nancy Benítez Rebollo propuso la estandarización de una prueba anticipada migrantes y menores. Trató el problema de los jueces que no suelen admitir el desahogo de la prueba anticipada en el caso de migrantes. No obstante, la inminencia de su repatriación. Sugirió la tasación de prueba por parte de los jueces, ante la elevación indebida del estándar de litigación. También propuso establecer la posibilidad de desahogo como prueba anticipada en el caso de menores
  • Martha Tejeda habló sobre la necesidad y utilidad del Informe policial homologado. Señaló las deficiencias de la Cadena de Custodia, y de la Policía para el procesamiento de la escena del crimen. Destacó que no hay Policía Procesal y por lo tanto no hay UMECAS, además de la falta de infraestructura adecuada en la Procuraduría, Poder Judicial, Bodegas de evidencia, Laboratorios. También recalcó que hay ausencia de protocolo para realización de operaciones encubiertas. Propuso el fortalecimiento presupuestaria y autonomía de las dependencias de justicia
  • Adulfo Chacón Ruiz sentó reflexiones y propuestas sobre la prisión preventiva oficiosa, así como el informe policial homologado. Dijo que la ausencia de prisión preventiva oficiosa genera una percepción de impunidad. Propuso la modificación del catálogo para indicar que se aplicará prisión preventiva oficiosa para delitos cometidos con medios violentos. De manera que, cualquier delito cometido con violencia amerite prisión preventiva oficiosa. Permitir la modificación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa a los estados, para permitir su adaptación a la realidad del estado. Sobre la situación de que los policías no saben elaborar el Informe Policial Homologado. Sugirió que el policía presente su informe de manera libre
  • Carlos Tovilla Padilla abordó el tema de la causa probable y duda razonable. Señaló que los jueces elevan el estándar del auto de vinculación a proceso, de manera indebida. Dicho acto procesal debería encaminarse al estándar de causa probable. Indicó que ésta, debe aplicarse como estándar probatorio para la vinculación y duda razonable para el juicio oral. Recalcó que la vinculación a proceso no debe ser un “mini juicio”. Además, planteó que la Carpeta de Investigación no debe ser una Averiguación Previa, es decir no se suplantó el nombre en la transición de un modelo a otro, sino que tiene su propia lógica distinta. La Carpeta tampoco debe pretender conformar/adelantar pruebas durante la etapa previa al Juicio Oral
  • Jorge Alberto Núñez Echeverría habló sobre la Víctima y Derechos Humanos, y las Medidas de protección. Dijo, en el marco de las obligaciones de la autoridad en torno a los Derechos Humanos, la Defensoría atiende un gran porcentaje de víctimas. También planteó que no hay una aplicación debida de las medidas de protección. Se percibe que la investigación termina desde el momento en que el juez no ratifica una detención o no otorga un auto de vinculación a proceso. Además, cuestionó ¿Hasta dónde se garantiza efectivamente la protección de la víctima a través de las medidas de protección?
    Alma Rosa Cariño Pozo, trató el tema del Asesor Jurídico al interior de la Procuraduría General de Justicia. Planteó que no hay comprensión del papel del Asesor Jurídico por parte de la ciudadanía. Existe resistencia por parte de los Ministerios Públicos para compartir información. Destacó la resistencia para el diseño de estrategias, además de la falta de coordinación operativa. Señaló que la ausencia de credibilidad, interés y confianza de las víctimas respecto del asesor, e por estar adscrito a la Fiscalía General del Estado. También explicó las carencias: inmobiliarias, operativas, técnicas y la ausencia de protocolos de atención a víctimas en el nuevo Modelo