FORO

Universidad Autónoma de Nuevo León
07-junio (10 a 14 hrs) | Monterrey

PONENTES


Sonia Martínez Mireles


Jueza de ejecución penal en Nuevo León


Luis Alberto Cañamar Esparza


Fortis Consultores A.C.


Edgar Rodríguez Díaz


Agente del Ministerio Público de la Federación


Luis Enrique Orozco


Académico y Secretario de la Contraloría del Gobierno Municipal de Monterrey


Martín Carlos Sánchez Bocanegra


Director de RENACE A.C.


Rubén Cardoza Moyrón


Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, A. C. (CEEAD)


Miguel Ángel Campos


Delegado de la Procuraduría de la República en Tamaulipas


Javier Sepúlveda Ponce


Catedrático de la FDyC de la UANL


Aixa Amalia Alvarado Gurany


Titular de la CEAV en Nuevo León


Rosalba González Ramos


Investigadora del CEEAD


Emilio Rodríguez Rodríguez


Director de la Unidad de Justicia Alterna de la PGJ de Nuevo León


Fernando Arizpe Carrillo


Maestro de la Facultad de Derecho, UANL

  • La primera intervención del Foro quedó a cargo de la experta Sonia Martínez. Expresó que la Reforma del código en 2008, cambió la nomenclatura y modificó también el Artículo 18 constitucional. Así, en el tema de reinserción social, quedó obsoleto el término de readaptación social. Señaló que debe haber un aspecto social en la materia ya que se debe sensibilizar a la sociedad sobre este tema, así como de la oportunidad de las personas privadas de su libertad para incorporarse combatiendo estereotipos. Propuso limitar al mínimo la prisión preventiva y salvaguardar el principio de presunción de inocencia. Sobre la prisión preventiva invitó a dotar al juez de ejecución con facultades para garantizar los derechos fundamentales de los internos o de las personas privadas de su libertad.
  • El consultor Luis Cañamar abordó el modelo de atención temprana en las fiscalías. Apuntó que los problemas del sistema tradicional continúan en el nuevo modelo. Generar un modelo de gestión de los casos con protocolos de valoración de casos, para decidir que se va a hacer con los estos, fue su propuesta. El modelo de gestión propuesto debería dotar de facultades al Ministerio Público para la toma de decisiones. También, este modelo debería aplicar para los casos de flagrancia. Además, planteó unidades especializadas y unidades de atención temprana que puedan resolver asuntos, también, de manera temprana. Otra propuesta, fue la creación de una unidad de análisis e inteligencia criminal, situación que permitiría que lleguen a investigación sólo los delitos de alto impacto, al priorizar y filtrar casos.
  • El Ministerio Público Edgar Rodríguez acotó su intervención al tema de cómo ubicar a personas de un grupo delictivo. Propuso someter a peritaje dispositivos digitales incautados. Con base en ello, establecer una red de vínculos para definir la forma de operación criminal de algún grupo delictivo. Celebró la instauración de las Salas de Mando Ministerial, donde se reúne todo el personal involucrado en un caso para compartir información, definir estrategias e investigar mejor los casos.
  • El diálogo interinstitucional, sobre todo entre MP y policía fue la propuesta del experto Luis Orozco. Planteó que la institucionalización del diálogo da pie al uso de mecanismos como las medidas cautelares. Preguntó ¿cómo usar de los recursos en las etapas iniciales de un proceso? A lo que respondió que es a través del diálogo interinstitucional que se puede identificar cuál es la forma adecuada de utilizarlos. Igualmente, propuso la construcción de indicadores para conocer la eficiencia el sistema y qué mecanismo usar con base en el diálogo. “No hay que cambiar la Ley, sino institucionalizar el diálogo”, expres.
  • Dictar prisión preventiva para las personas con posesión de armas de fuego de alto calibre, fue la propuesta de apertura del experto Martín Sánchez. Pidió revisar los perfiles de los fiscales, los cuales deben de ser impecables y con las habilidades suficientes, acotó. Es importante la autonomía, para que el presupuesto sea constante y no esté a disposición del gobernante en turno, planteó. Continuó diciendo que hay muy poca investigación en México, por ello es necesaria una fiscalía que construya carpetas fuertes que lleguen a juicio y así se llegue a sentencias condenatorias. Se espera que la fiscalía respete los Derechos Humanos, concluyó.
  • Rubén Cardoza planteó que la cuestión ética se puede tutelar con órganos de control interno, de transparencia y rendición de cuentas; de tal suerte, los derechos de las víctimas se pueden tutelar. Señaló que en la actualidad el fiscal no está preparado como mediador, ni como facilitador: habría que capacitarlos, dijo. Propuso el fortalecimiento de las unidades de atención temprana y una efectiva derivación de casos a centros de justicia alternativa. Sus propuestas las enmarco en un modelo con un fuerte componente ético y de valores.
  • El experto tamaulipeco Miguel Ángel Campos planteó una homologación de las procuradurías de los estados para la gestión. Sobre la investigación y persecución de los delitos, dijo que, antes el Fiscal se encargaba de la protección de las víctimas y mediar entre las partes, pero, ahora se puede enfocar en la investigación, porque ya hay alguien especializado en ello. Expresó que, el Nuevo sistema implica desafíos por los cambios en el modelo de gestión. Propuso un manual de creación de unidades: unidad de atención inmediata, unidad de investigación y ligación, así, como una de atención al público. También abordó el tema de los protocolos de actuación con base en el diálogo interinstitucional.
  • Luego de un primer receso, Javier Sepúlveda, catedrático de la FDyC, hizo varias propuestas: Creación de agentes del MP de carrera. Transformar el puesto de MP para otorgarle derechos y prerrogativas iguales a los jueces de primera instancia. Capacitación, autonomía, ratificación en sus puestos, selección, inamovilidad. Planteó que la falta de investigaciones es porque los MP están preocupados por su seguridad laboral ante los cambios de administración, mientras que los jueces tienen estabilidad jurídica en su puesto. Formuló la instauración de incentivos para que los agentes del MP dediquen toda su atención a la investigación y procuración, en vez de estar buscando sostenerse en sus puestos. También planteó autonomía del MP. Hoy el ejecutivo nombra al fiscal con ratificación del senado y la remoción depende de él también; y que las remociones de procuradores también sean ratificadas por el senado. Una última propuesta consistió en la descripción de los gastos operativos y financieros de un resguardo domiciliario; así, sugirió, la inversión en equipo de geolocalización que haga eficiente este tipo de medidas debe ser mayor..
  • La experta Aixa Alvarado esbozó el contexto de la Ley General de Víctimas, recalcando que fue una iniciativa de la sociedad civil organizada. Planteó que la comisión ejecutiva deberá ser el responsable de asistencia, protección, representación jurídica y participación de la víctima en este nuevo modelo. Afirmó que las víctimas deben tener su asesor jurídico. Apuntó retos del Código Nacional sobre procedimientos penales, proponiendo suspender audiencias, si no hay asesor jurídico presente. Destacó que se tienen solamente 10 asesores jurídicos, cuando se necesitan, por lo menos, 218; es decir hay un déficit de 208. Habló de la necesidad de mayor coordinación interinstitucional e instalaciones adecuadas para la óptima realización de los procesos. Sobre la reparación del daño puntualizó que los alcances de la restitución y rehabilitación deben ser sufrientes para la compensación, la satisfacción y las medidas de no repetición. .
  • La intervención de la investigadora Rosalba González se destacó por el uso de cifras. Describió el contexto de las instituciones que imparten derecho como carrera universitaria: de las 1,700 instituciones que imparten derecho como licenciatura, 1,624 son privadas, 146 públicas y 1, 932 tienen autorización para ofrecer la carrera. Apuntó que las nuevas instituciones no tienen la infraestructura y los docentes capacitados para atender al nuevo modelo de procuración de justicia. Señaló que el CEAAD ofrece cursos de capacitación y han atendido 391 instituciones educativas. Apuntó que la cátedra sigue siendo la herramienta de enseñanza habitual, pero con el nuevo modelo se necesitan nuevas herramientas. Propuso que las instruimos que ofrecen derecho tengan materias de la reforma penal, además de programas y planes de estudio por competencias, y que los docentes tengan el perfil adecuado para enseñar..
  • Por su parte, Emilio Rodríguez habló de la justicia restaurativa en el proceso penal. Señaló que actualmente hay más posibilidades de procesos restaurativos. Afirmó que “el acuerdo reparatorio, no es justicia restaurativa”. Sus propuestas fueron: abordar de forma seria y responsable la justicia restaurativa en un marco regional, nacional e internacional. Un modelo de gestión que permita documentar los casos, para tener evidencia de que los procesos restaurativos realmente funcionan y sensibilizar a las procuradurías al respecto. Convenios para programas dentro de centros de detención y vinculación con la sociedad civil. Por último, planteó programas permanentes de Justicia Reparativa.
  • Cerró el foro, el docente de la UANL, Fernando Arizpe. Abordó la labor del policía en el llenado de las formas y la complejidad al respecto. Propuso tener un aporte tecnológico, como en Estados Unidos, en las patrullas para evitar informaciones sesgadas en los informes. De esta manera, documentar se haría de manera más simple a modo que coadyuve en el proceso. Pidió dar oportunidad a alumnos en materia de criminalística y criminológicas para que ayuden en las investigaciones. Concluyó planteando la instauración de un procedimiento parecido a los Miranda Rights (advertencia que debe darse a un imputado que se encuentra en custodia de la policía), pero en lenguas indígenas y otras extranjeras. .